¿Es posible mejorar la eficiencia del gasto público?
El pasado mes de mayo la Comisión Europea realizó una serie de recomendaciones a España tendentes a mejorar la eficiencia en el gasto público y para garantizar el objetivo de déficit público previsto para el 2017 y 2018.
Estas recomendaciones son:
- Medidas para garantizar el objetivo de déficit del 3,1% del PIB en 2017 y del 2,2% para el año que viene.
- Mejora en la eficiencia del gasto publico
- Impulsar la contratación indefinida y mejorar la coordinación entre puestos de trabajo, trabajadores y empresarios.
- Mejora del sistema educativo
- Reducir las desigualdades territoriales dentro del Estado en materia de ingresos y formación.
- Facilitar y mejorar la redistribución de las ayudas y de los beneficios fiscales a las familias.
- Aumentar la inversión en I+D+it
En este artículo comentaremos brevemente las dos primeras, pues la Deuda Pública en España creció en el 1er trimestre de 2017 en 22.000MM€ situándose en más de 1.100.000MM€, que suponen casi el 100% del PIB. Las medidas tomadas por el gobierno español en octubre del año pasado supusieron un giro inesperado para determinadas empresas (+ 10MM€), que tuvieron que anticipar impuestos (I.Sociedades) en unos 8.000MM€ para cuadrar las cuentas del ejecutivo en 2016. Una especie de Deuda Pública forzosa para ciertas empresas a tipo de interés 0 cuando el ejercicio social y fiscal de la mayor parte de estas empresas estaba a punto de finalizar produciendo importantes efectos en su solvencia y endeudamiento.
Con esta medida el gobierno pretendía ganar tiempo para que con el futuro y previsible incremento de la actividad económica, aumentara realmente la recaudación de impuestos.Por ello la Comisión tiene dudas de si el marco fiscal actual garantizara el cumplimiento de los objetivos de déficit público para 2017 y 2018, por lo que el gobierno deberá implementar más medidas y de carácter más permanente si a final de este año 2017 no se cumplen las previsiones de una mayor recaudación.
Hasta hace relativamente poco tiempo, los esfuerzos presupuestarios de los gobiernos en España se han centrado en aumentar los ingresos mediante la subida de impuestos. Prácticamente agotada esta vía, la Comisión traslada a España una de sus grandes asignaturas pendientes, el control del gasto en términos de eficacia y eficiencia.
No es lo mismo invertir en un aeropuerto en donde no aterrizan aviones o una estación del ave en donde ni suben ni bajan pasajeros que hacerlo allí donde sea más eficiente y rentable y en donde el retorno de la inversión pública se produzca más rápidamente. Pero hay que ir más allá, ya que el gasto público en función del modo en que se materialice, además de los efectos que hemos indicado, puede tener un efecto multiplicador sobre la inversión privada y expansivo sobre la actividad en el medio y largo plazo. Por ejemplo, la cuestión sobre el AVE por el corredor mediterráneo o por el eje central.
Una opción para mejorar los ingresos se encuentra en el afloramiento de la economía sumergida que es un fenómeno que incluye actividades muy diversas tanto legales como ilegales. Un denominador común en todas ellas es la necesidad de “blanquear” las cuantías obtenidas en la actividad sumergida y por ello una estrecha vigilancia sobre los aspectos financieros de estas actividades puede suponer un gran avance.
Restringir las operaciones en efectivo, potenciar el uso de tarjetas bancarias, monederos electrónicos y el TPV en los comercios minoristas, que las multinacionales paguen en cada estado en función de sus ventas y no del beneficio que siempre acaban deslocalizando hacia jurisdicciones más laxas tributariamente hablando.
En todo caso y como en otros temas, éste es un problema global y no de un solo Estado. Para conseguir resultados relevantes es necesaria la colaboración a nivel internacional y la puesta en común de las medidas concretas a implementar, además de los medios necesarios. Mientras existan “paraísos fiscales” y opacidad financiera será muy difícil que la economía sumergida acabe emergiendo.
De hecho, no es que los gobiernos no sepan lo que tienen que hacer sino, si después de hacerlo podrán seguir ganando las elecciones.
Juan José Martínez
Director Adjunto Área Fiscal JDA/SFAI Barcelona
