Estrategias de internacionalización empresarial. ¿Cuáles son los riesgos legales?
La globalización ha impuesto a las empresas de todo el mundo la necesidad de operar en mercados extranjeros. Más que una opción, a día de hoy es una fase más de su desarrollo.
No existe una única estrategia de internacionalización para las empresas. Depende mucho de cada una, de cada sector y de cada país. En este artículo vamos a detallar los riesgos jurídicos más relevantes.
ASPECTOS JURÍDICOS CLAVE EN UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Aspectos financieros y legales: riesgo-país
La estabilidad política del estado al que queremos exportar los capitales determina en gran medida los riesgos y costes de la estrategia diseñada por la empresa. Es esencial dilucidar si la jurisdicción de destino cuenta con un Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones suscrito con el país desde el que se invierte. Este tipo de tratados aseguran al inversor un tratamiento no discriminatorio respecto de las empresas locales.
En el campo financiero hay que estudiar el mercado de divisas local, las reglas sobre su convertibilidad, su aceptación en los mercados internacionales y los costes asociados.
Aspectos mercantiles: ¿sucursal, filial, joint-venture?
En el inicio de la estrategia de internacionalización hay que elegir la forma jurídica contractual más adecuada para el proyecto dentro de las posibilidades que ofrece la ley local. Es importante estudiar cada opción con asesoramiento legal experto, puesto que es peligroso asumir que la legislación de cada una de estas figuras será igual que en el país de origen.
Algunas de las opciones más habituales son: el contrato de distribución, la joint venture con uno o varios socios locales, o un contrato de sociedad que da lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica en forma de filial. En este último caso, es la filial la que responderá de sus propias deudas y responsabilidades sociales, sin comprometer patrimonialmente a la sociedad matriz.
Por el contrario, la sucursal no está sujeta a derechos y obligaciones, sino que es una mera rama de la casa matriz. Por lo tanto, en sus operaciones comprometerá al capital de dicha matriz de manera ilimitada. La ventaja de la sucursal es que frecuentemente la exigencia de capital mínimo a desembolsar para su constitución es menor al exigido en el caso de la filial.
En el caso de las joint ventures, cada vez más se populariza la costumbre de ubicarlas en una jurisdicción neutral, distinta de las de los países de origen de los socios.
Aspectos tributarios: el riesgo de la doble imposición
La cuestión impositiva determina en gran medida la viabilidad de un proyecto de internacionalización. Frecuentemente las normas tributarias condicionan y determinan la fórmula jurídica más adecuada para conducir el negocio. Una vez más resulta imprescindible el consejo de un asesor fiscal experto.
Es un gran pro contar con la tutela jurídica de los denominados convenios para evitar la doble imposición internacional, tratados internacionales de carácter bilateral que mitigan o eliminan la doble imposición en relación con los principales rendimientos derivados de la inversión empresarial. Además, reducen determinados impuestos en la fuente exigidos por el país de destino de la inversión.
Aspectos regulatorios o administrativos
Dependiendo del sector de actividad será necesario obtener y presentar ciertos permisos o registros administrativos. En este sentido, los sectores con tarifas reguladas por el legislador suelen ser los más estrictos.
También los contratos con la administración, como las adjudicación de obras públicas, suelen precisar de pasos técnico-jurídicos obligatorios. Como el acceso a un registro de contratistas estatales, la acreditación de cumplimiento de obligaciones legales… En algunos casos la Administración puede exigir incluso una forma jurídica concreta, por ejemplo, la de filial o un capital suscrito mínimo, o un aval de la casa matriz que garantice las operaciones en el país.
Aspectos laborales
La regulación laboral del país de destino puede introducir severos costes no previstos que comprometan la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, existen países que obligan al empresario a dar una determinada participación mínima en los beneficios a los empleados.
SFAI SPAIN
Artículo extraído de la web de Confianz, firma asociada a SFAI Spain.
